ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE ACCIDENTES LABORALES

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE ACCIDENTES LABORALES

Se denomina accidente laboral a aquel que sufre un trabajador durante su jornada laboral. Se incluyen también como accidentes de este tipo aquellos denominados in itinere, es decir, los sufridos durante el trayecto “directo” de su casa al trabajo o viceversa, con independencia del tiempo que dure el mismo; es decir que pueden existir accidentes dos horas antes o después del trabajo y algunos que se produzcan a los quince minutos no se consideran ya que ha existido una interrupción en el trayecto. En estos últimos la indemnización está sujeta a las mismas exigencias que los accidentes de tráfico, de tal manera que la indemnización sólo será posible cuando el lesionado no sea culpable del accidente.

Se entiende también cómo accidente profesional a las lesiones corporales sufridas por el trabajador como consecuencia del trabajo que desarrolle.

En el concepto de accidente de tipo laboral se incluyen también los sufridos por trabajadores autónomos, siempre que estos hayan solicitado esta cobertura a la Seguridad Social y abonen las cuotas sociales correspondientes, cobertura ésta muy poco utilizada.

Por lo tanto, para que un accidente sea considerado laboral, y como consecuencia susceptible de indemnización, debe cumplir las siguientes características:
• Que el trabajador sufra una lesión corporal, física, psíquica o enfermedad.
• Que sea un trabajador por cuenta ajena o esté dado de alta en la contingencia de accidente de trabajo como autónomo por cuenta propia o sea socio trabajador de una sociedad mercantil.
• Que el accidente sea con ocasión o como consecuencia del trabajo.

Únicamente se podrá reclamar indemnización en caso de accidentes profesionales y laborales cuando este se haya producido por culpa o negligencia del empresario en el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, es decir, cuando el accidente sea consecuencia de una infracción del empresario.

A la hora de solicitar una indemnización por accidente laboral es importante reunir en la documentación los resultados de las Inspecciones de Trabajo anteriores a la fecha del accidente por si se hubiese levantado un Acta de Infracción, lo que facilitaría el resultado positivo del litigio, así como todos los testimonios y documentos que podamos.

En caso de accidentes muy graves, la policía levantará atestado de lo ocurrido.

El responsable de pago en caso de un accidente sufrido en el trabajo (o In Itinere) será la Empresa culpable del accidente y su Entidad Aseguradora (Mutua) de la responsabilidad civil.

En el caso de que existan dos empresas responsables del accidente, contrata y principal por ejemplo, en la mayoría de los casos ambas serán responsables solidarios.

La gran mayoría de las empresas cuentan con un seguro de responsabilidad civil, por lo que tras identificar a la compañía aseguradora, debemos ampliar la demanda contra ella (Jurisdicción Social) o ser citada como responsable civil subsidiario (Jurisdicción Penal).

Plazo de Prescripción de los Accidentes Laborales, Como norma general podemos señalar que el plazo de prescripción de la acción penal es de 3 años, mientras que en el caso de la acción social, este plazo se reduce a 1 año a partir de la estabilización de las secuelas, o en su caso, a partir de que sea concedida la Incapacidad Permanente.

Accidentes Laborales. En la legislación española se consideran accidentes profesionales los siguientes:
• Los accidentes in itinere son considerado accidente laboral siempre que se produzcan en un recorrido directo entre el domicilio habitual y el puesto de trabajo o viceversa (tal y como ya explicamos)
• Los accidentes de trabajo o profesionales, incluidos los in itinere, ocurridos como consecuencia del desempeño de cargos electivos o carácter sindical o de gobierno de entidades gestoras.
• Todos los accidentes que ocurran como consecuencia de las tareas ejecutadas por el trabajador en interés del buen funcionamiento de la empresa en cumplimiento de las órdenes del empresario, aunque sean distintas a las establecidas en su categoría profesional.
• Los ocurridos en actos de salvamento o de naturaleza similar cuando tengan conexión con el trabajo.
• Aquellas enfermedades, no catalogadas como enfermedad profesional, que se contraigan como consecuencia de la realización de la tarea profesional.
• Las enfermedades o defectos, incluso padecidas con anterioridad al accidente, que se agraven como consecuencia del mismo.
• Las enfermedades cardiovasculares, hemorragias cerebrales o similares cuando se producen como consecuencia del trabajo.

Por otra parte, no están considerados como accidentes de tipo laboral las siguientes excepciones:
• La imprudencia temeraria y la imprudencia profesional.
• Los producidos mientras el accidentado esté cometiendo un acto doloso.
• Las enfermedades cardiovasculares hemorragias cerebrales o similares que a pesar de producirse en el puesto de trabajo, no son consecuencia de la actividad profesional, aunque sobre estas causas existe jurisprudencia contradictoria.

Como ya hemos comentado en el epígrafe anterior, sólo los accidentes profesionales consecuencia de una infracción en las normas de prevención de riesgos laborales, son susceptibles de indemnización.

A continuación os detallamos las infracciones más habituales en los accidentes en el desempeño de un trabajo sufridos en nuestro país:
• Falta de Evaluación de los Riesgos Laborales de los puestos de trabajo de los trabajadores.
• Falta de Medidas Colectivas de Seguridad, (redes, barandillas…).
• Falta de Equipos de Protección Individual (EPI’s) como arneses, botas, guantes, etc.
• Deficiente coordinación entre las diferentes empresas que intervienen en un mismo proyecto.
• Falta de delimitación ni señalización de la zona de trabajo.
• Falta de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo con contenido adecuado a los riesgos para la seguridad de los trabajadores.
• Falta de formación del trabajador en Prevención de Riesgos Laborales.

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¿ Quien debe pagar la multa de un coche de empresa ?

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Cada vez es más común que las empresas pongan a disposición de los trabajadores coches de empresa, ello además de vincular con más fuerza a los trabajadores obliga a las empresas a tener que responsabilizarse al pago de las sanciones por infracciones de tráfico si el empleado niega haber estado al volante del vehículo corporativo en el momento del incidente.

Otra cosa es la responsabilidad de que el vehículo se mantenga en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas para evitar los riesgos que conlleva su utilización, dicha responsabilidad será del titular del vehículo, es decir la empresa y esta ha de procurar llevar un esmerado control de los reconocimientos e inspecciones que correspondan e incluso si es preciso, impidiendo que sea conducido por alguien si, el citado vehículo, no cumple con todos los requisitos necesarios.

En este sentido se manifiesta el artículo 82.f), del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, al señalar que “el titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a su estado de conversación, la documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos (ITV) y a su estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo”.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la responsabilidad de mantener el vehículo en perfecto estado es del propietario, no servirá de nada facilitar los datos del conductor, ni tampoco se podrá trasladar la responsabilidad por esos hechos, salvo otro criterio entre las partes, podemos afirmar que será la empresa quien será denunciado y sancionado por ello. Pero que ocurre si un trabajador comete una infracción de tráfico con un vehículo de empresa y cuando es identificado por la compañía previo requerimiento de Tráfico, este trabajador niega haber sido él, así ha sucedido en una sentencia del Tribunal Constitucional en el que la compañía acaba siendo sancionada por incumplir el deber de identificación del conductor.

Consta en el relato de los hechos que la empresa al recibir la denuncia de la Jefatura de Tráfico, identificó dentro del plazo establecido al trabajador que conducía el vehículo en el momento de la infracción. Sin embargo, cuando llegó la sanción a este trabajador, este negó que fuera el quien conducía. Ello condujo a que desde el Ministerio del Interior (Tráfico) se iniciara un expediente sancionador contra la empresa por una infracción calificada como “muy grave”, consistente en no haber identificado verazmente al conductor del vehículo denunciado, lo que le supuso una multa de 1.200 euros.

Al conocer esta sanción, la empresa aportó pruebas que demostraban que era el empleado en cuestión quien conducía, llegando a incluir un escrito firmado por el propio conductor en el que reconocía los hechos. De nada sirvió, pues las resoluciones administrativas posteriores y una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo confirmaron la sanción a la empresa. El Tribunal Constitucional acabo declarando que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia de la compañía, y que el deber legal de colaborar a la hora de identificar al conductor no puede extenderse al extremo de convertir al propietario de un vehículo en perseguidor del “infractor” con una obligación de resultado.

La actuación más habitual en estos casos es que la empresa acabe haciendo frente al pago inicial de la sanción y en la mayoría de los casos la repercuta en sucesivos descuentos en la nómina del trabajador, admitiéndolo este por no tener problemas con la empresa y ante el temor de la pérdida de su puesto de trabajo en caso contrario.

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¿ Que debo hacer si quiero pedir la devolución TOTAL de mi Cláusula Suelo ?

¿Si quiero pedir la devolución TOTAL de mi cláusula suelo…?

Ya en una publicación anterior nos hicimos eco de la sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21.12.16 por la que obligaba a las  entidades bancarias a devolver todo lo cobrado con las cláusulas suelo. En concreto el tribunal con sede en Luxemburgo sentencio que los bancos españoles deben devolver todo el dinero cobrado a través de la cláusula suelo, declarando “incompatibles dichas cláusulas con el Derecho de la Unión”. Al ser estas contrarias a los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, pasados ya dos meses desde entonces, ¿cómo está el asunto y a quienes afecta ?

devolución Cláusula Suelo

Se calcula que los afectados por este asunto varían según las fuentes a las que accedas entre los 2,5 y los 4 millones, y ello a que es debido?

  • 4 millones pudiesen ser las que inicialmente tuvieran instauradas cláusulas suelo en sus hipotecas.
  • 120.000 fueron desahuciadas según fuente del banco de España entre 2012 y 2015. Ellos en principio ya no podrán reclamar, aunque ya se están produciendo algunas sentencias en sentido contrario.
  • El 30% de los que tenían cláusula suelo han firmado un documento en estos últimos años para que les bajasen las condiciones, con la consiguiente cláusula que les comprometía a no demandar al banco y no solicitar devolución alguna. Actuación que también puede ser recurrible de mantenerse la misma posición de “abuso” que origino las clausulas suelo.
  • Entre un 5% y un 10% han terminado de pagar su hipoteca y previsiblemente darán por zanjado el asunto.
  • Por lo tanto nos queda aproximadamente los 2,5 a 3 millones de hipotecas de la franja más baja de todas las fuentes consultadas.

Qué deben hacer todos estos particulares para recuperar su dinero:

  • Los Bancos no van a actuar de oficio, puesto que la sentencia de Europa no dice que lo tengan que devolver de forma automática, lo que dice es: “Si la cláusula suelo es nula, es nula desde el inicio de la firma no desde Mayo de 2013”
  • El gobierno ante el temor generalizado de la banca por sus cuentas de resultados ha realizado el Real Decreto-ley 1/2017 quiere hacer un procedimiento con la finalidad declarada por el ejecutivo de hacer rápida la devolución, aunque eso está por ver. Pero sin duda ya tenemos instaurada la vía prejudicial que hay que explorar.

El Real Decreto sobre cláusulas suelo aprobado por el Gobierno el pasado 20 de enero y que instaura como paradigma de la solución de este problema la reclamación prejudicial con un límite para su tramitación por las entidades bancarias de tres meses. Pero cuidado, ya que este no da cobertura al 60% de los afectados al ser pequeños empresarios, autónomos y entidades como comunidades de vecinos, según los expertos.

Si a todo ello añadimos que las cantidades a devolver que se barajan no son pequeñas y que se cuantifican entre los 4.000 a 15.000 millones de euros, parece evidente que la banca seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para evitar cumplir o mejor dicho minimizar los efectos pretendidos por la sentencia europea. Al efecto económico habría que añadir el efecto perverso del reconocimiento explicito o incluso en algunos casos implícito de que la clausula es nula y ello supondría un aumento de reclamaciones de todos los colectivos que antes mencionamos que quedan “temporalmente” excluidos de este procedimiento.

Desde nuestro modesto punto de vista, la norma no conseguirá reducir el impacto previsto del número de reclamaciones que llegarán a los juzgados en los próximos meses, ya que el mecanismo extrajudicial tal y como hemos explicado no contempla la posibilidad de que varios colectivos vean compensado su derecho y a los particulares que lo soliciten queda por ver que les ofrecen, teniendo siempre muy claro que la vía judicial la tienes abierta y cada vez con más antecedentes a su favor.

Lo que es evidente es que hay que reclamar bien vía extrajudicial o judicial para que los bancos devuelvan el dinero, y si a todo ello, le añadimos que a las demandas por cláusulas suelo se podrían unir las reclamaciones por gastos hipotecarios y por hipotecas multidivisa; con todos estos datos parece fácil adivinar que se presenta un año 2017 jurídicamente complejo en todo lo referente a este asunto. ¿No les parece ?. Les aseguramos que les seguiremos informando.

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¿ Es Constitucional el periodo de prueba de un año en el contrato de apoyo a emprendedores ?

¿ Es Constitucional el periodo de prueba de un año en el contrato de apoyo a emprendedores ?

La última reforma laboral estableció en el artículo 4 del del Real Decreto 3/2012 regula el contrato de apoyo a emprendedores estableciendo los siguientes requisitos:
a) Es un contrato indefinido.
b) Puede ser a jornada completa o a jornada parcial.
c) Existencia de un periodo de prueba de un año.
d) La empresa contratante tiene que ser pyme, es decir que tiene que tener menos de 50 trabajadores en el momento de la formalización de la relación laboral.

¿ ES CONSTITUCIONAL EL PERIODO DE PRUEBA DE UN AÑO EN EL CONTRATO DE APOYO A EMPRENDEDORES ?

La característica más importante y novedosa, más allá de ser un contrato indefinido, es el establecimiento de un periodo de prueba de un año superando el máximo que hasta este momento recogía el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 14 de seis meses para personal especializado y cualificado y de tres meses para categorías menos técnicas.

Cabe recordar que durante el periodo de prueba cualquiera de las dos partes podrán extinguir la relación laboral sin necesidad de preaviso ni acreditar ni justificar ningún tipo de causa, y además en el caso de que se produzca la extinción durante el primer año, el trabajador no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización.

Antes de la resolución del TC han existido diferentes sentencias considerando improcedente la extinción durante el periodo de prueba.

Alguna sentencia ha considerado fraudulento, y por tanto el despido como improcedente aunque también podría considerarse nulo si hubiese causa para ello-, determinadas extinciones durante el primer año en este tipo de contrato. El fundamento jurídico para ello es el abuso de derecho considerando como tal, el ejercer un derecho que exceda de sus límites naturales y finalidad.
La finalidad de un periodo de prueba es la de que el trabajador y el empresario puedan conocerse mutuamente, y en el caso del empresario, pueda conocer las aptitudes profesionales del trabajador y eso sin duda depende de la actividad del trabajador y no puede ser lo mismo una actividad básica y repetitiva que una especializada o técnica.

Es por ello que la jurisprudencia ha considerado como fraudulenta la utilización de la extinción en determinadas ocasiones, cuando se cumplen determinados requisitos:

  • Se extingue la relación laboral casi al finalizar el periodo de prueba.
  • Las funciones del trabajador son sencillas y repetitivas.

En definitiva, los juzgados han considerado que si un trabajador ha realizado durante casi un año unas funciones sencillas y repetitivas, la empresa ha podido conocer las aptitudes del trabajador, y por lo tanto no es procedente extinguir la relación laboral indicando un periodo de prueba no superado.

Se ha declarado la Constitucionalidad del periodo de prueba de un año. La doctrina sentada en la STC 119/2014 dedicado a justificar la constitucionalidad del período de prueba de esta modalidad contractual, y que en resumen establece que la duración del período de prueba en esta modalidad contractual será de un año en todo caso. Medida que cabe interpretar como un instrumento adicional de incentivación de la creación de empleo, y dice textualmente que “la hace atractiva” y que eventualmente puede contribuir a potenciar la decisión empresarial de concertar contratos de trabajo indefinidos; implica, en efecto, disponer de un período de tiempo, superior en principio al previsto con carácter común, durante el que poder constatar no sólo la aptitud y capacidad del trabajador contratado, sino también la sostenibilidad económica del nuevo puesto de trabajo creado.

La exigencia del periodo de prueba de un año de duración en este contrato se establece para todos los trabajadores, con independencia de su cualificación o categoría.

Se trata de una medida coyuntural, vinculada a una concreta situación del mercado de trabajo de muy elevado desempleo y que, sin duda, conecta con el ya comentado deber de los poderes públicos de realizar una política orientada al pleno empleo (art. 40.1 CE).

El TC asegura que un año de prueba permite a las empresas no sólo comprobar la capacitación y aptitud del trabajador contratado, sino también “la sostenibilidad económica del nuevo puesto de trabajo”.

El TC pone de manifiesto también las “importantes limitaciones o condiciones legales” que fija la ley para que los empresarios puedan recurrir a esta modalidad de contrato y, en su caso, a la rescisión de contrato durante el periodo de prueba, lo que debe dar seguridad al trabajador.

Se refiere a que las empresas de menos de 50 trabajadores sólo podrán recurrir a esta modalidad de contrato mientras la tasa de paro sea superior al 15%, y a que, para no perder los incentivos previstos, no podrán alterar el nivel de empleo en la empresa durante un año y deberán mantener en su puesto al trabajador durante al menos tres años más, en la misma línea de asegurar las garantías del trabajador.

“Constituye una medida coyuntural adoptada en un contexto de grave crisis económica y atiende a la legítima finalidad de potenciar la iniciativa empresarial como medio para facilitar el empleo estable de las pymes, reduciendo incertidumbres propias de todo proyecto de inversión empresarial, en una conyuntura adversa como la actual”, añade el TC.

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¿Cuánto debo cobrar si estoy de baja por incapacidad temporal?

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Estamos ante el supuesto de que un trabajador contratado y de alta en seguridad social se encuentra imposibilitado para trabajar y su médico de cabecera o de la mutua, dependiendo del caso le expida la correspondiente baja por enfermedad.

 

Hay dos clases de baja médica:

  • Comunes: enfermedad común y accidente no laboral.
  • Profesionales: accidente laboral y enfermedad profesional. Pudiendo optar por cubrir las contingencias con una Mutua o el INSS.

Es importante la diferencia entre ambas porque según sea la clase de contingencia, se paga más o menos al trabajador y puede que también sea distinto el organismo que paga.

Existe un requisito de tiempo, consistente en que si la baja médica es por enfermedad común necesitas haber cotizado al menos 180 días en un período de 5 años inmediatamente anteriores a la baja, en cambio si la baja es por accidente laboral o no, o enfermedad profesional, no se necesita requisito previo de cotización.

¿Cuánto se cobra por baja médica?
En Contingencias comunes: en principio los 3 primeros días de baja no se cobran.
Entre el 4 y el día 20, ambos inclusive, el 60% de la base reguladora.
Desde el día 21 se cobra el 75% de la base reguladora.
Todos estos porcentajes son los mínimos establecidos y que pueden ser mejorados por el convenio colectivo de aplicación.

Veamos un ejemplo de baja por contingencias comunes:
Base reguladora de 1200€, y el trabajador ha estado de baja 18 días.
Los 3 primeros días no cobra
15 días restantes hacemos el cálculo.
1200 / 30 = 40 €/diarios
60% 40 = 24€
24 x 15 días = 360€

Esa misma baja si es por contingencias profesionales:
Se cobra el 75% de la base reguladora desde el primer día de la baja.
75% 40 = 30€
30 x 18 = 540€

El importe a cobrar es sustancialmente mayor si se trata de contingencias profesionales en vez de comunes, y este es uno de los motivos por los que los juzgados de lo social están llenos de recursos de las mutuas y trabajadores, los primeros para que se reconozca que la contingencia es común y así pagar menos, y los segundos para que se les reconozca que la contingencia es profesional para cobrar más.

La duración máxima de la baja por I.T. es de UN AÑO, prorrogable por hasta SEIS MESES más siempre y cuando durante ese tiempo se prevea que se puede curar, en caso contrario es posible que la Mutua o el INSS propongan al trabajador por incapacidad permanente y agotado el periodo máximo solo quedan dos posibles salidas, o el alta médica o la Incapacidad.

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Nulidad clausula suelo. La Sentencia TJUE de 21.12.16 obliga a las entidades bancarias a devolver todo lo cobrado con las cláusulas suelo

Nulidad clausula suelo. La Sentencia TJUE de 21.12.16 obliga a las  entidades bancarias a devolver todo lo cobrado con las cláusulas suelo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo ha sentenciado en fecha 21.12.16 que los bancos españoles deben devolver todo el dinero cobrado a través de la clausula suelo,

Operaciones financieras con Aran Consulting, Bufete de Abogados profesionales con experiencia en todas las especialidades en Sabadell, Barcelona (aranconsulting.cat)
Aran Consulting, Bufete de Abogados profesionales con experiencia en todas las especialidades en Sabadell, Barcelona (aranconsulting.cat)

declarando “incompatibles dichas clausulas con el Derecho de la Unión” en concreto al ser estas contrarias a los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las clausulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. Esta sentencia se suma a otra dictada por un juzgado de Madrid el pasado mes de abril 2016, que consideró que 40 bancos y cajas habían utilizado de forma generalizada dichas clausulas de forma “poco transparente y abusivas”.

Pero creo conveniente que empecemos por el principio y analicemos que es una clausula suelo para conocer la importancia del asunto, y es que la mayoría de hipotecas en España se firmaron referenciadas a tipo de interés variable denominado Euribor, tratándose de una tasa de intereses que se calculan a nivel europeo y que fluctúa constantemente. Los bancos, cuando conceden un crédito, por regla general, exigen en la devolución el pago de ese euríbor más un diferencial. Un préstamo a euríbor+1,5 significa que tiene los intereses del euríbor y un punto y medio extra. Esos intereses se revisan cada año, en los que se actualiza según la cotización del euríbor, pudiendo subir o bajar en función de la fluctuación constante del euríbor, en muchas hipotecas se incluyeron cláusulas de suelo y techo, esto significaba que la entidad bancaria incluyo en los contratos unos topes máximos sobre los que los intereses no crecerían aunque el euríbor subiera por encima (techo) y unos topes bajo los que los intereses nunca podrían reducirse (suelo).

Hay que recordar que el euríbor en verano del año 2008 llego a superar el 5%, lo que significaba que para aquellas hipotecas firmadas con un euríbor+1,5 los deudores pagaban más del 6,5% de interés, y lo grave era que no se aplicaban entonces las cláusulas techo, ya que de forma “sorprendente” los contratos hipotecarios se habían colocado en la gran mayoría de los casos por encima del 10%. Ahora bien los efectos de la crisis también llegaron a este sector y la bajada del Euribor fue constante en los próximos meses, y ahí llego el problema, cuando el euríbor se situó por debajo del 3% la mayoría de los contratos donde había cláusulas suelo se activaron y ante la imposibilidad de miles de hipotecados de beneficiarse por la bajada del euríbor, muchos descubrieron que sus contratos tenían cláusulas suelo, y de ahí surgieron las demandas ya que muchos clientes aseguraban que no conocían su existencia de dichas clausulas y que las diferencias entre la clausula suelo (entre el 2% y el 4%) y la clausula techo (entre el 9% y el 15%) eran “clausulas abusivas”.

La mayoría de sentencias fueron en la misma línea, en la de considerar abusivas las cláusulas suelo, especial relevancia tuvo la sentencia del Supremo en mayo del año 2013 que señalo que los topes quedaban anulados por ser estos “poco transparentes y no se explicaron bien sus efectos a los clientes”, afectando la resolución a las entidades BBVA, Caja Rural y Banco Popular, aunque las repercusiones reales fueron para todo el sector bancario. En concreto el Supremo declaró nulo este tope de bajada de intereses a partir de mayo 2013, que es cuando publicó su sentencia. Ahora, el TJUE da otro paso más y obliga a todas las entidades financieras a devolver todo lo cobrado a través de estas cláusulas. El fallo de la sentencia dice literalmente:

“El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.”

El dictamen del Tribunal Supremo canceló en 2013 todas estas cláusulas al considerarlas abusivas y poco transparentes, fijando su nulidad el 9 de mayo de 2013 y no con efectos retroactivos al año 2009, fecha en que las entidades bancarias empezaron a aplicarlas, supuestamente para proteger a la banca del impacto de las devoluciones cuando apenas pasaban unos meses del rescate financiero europeo. Ahora la sentencia del TJUE amplía esa fecha y recalca que se declaran nulas todas las cláusulas suelo de todas las entidades financieras.

Muchos hipotecados, con las sentencias del Supremo, ya vieron sus cláusulas suelo anuladas. Algunas entidades decidieron negociar con los hipotecados, y llegaron a acuerdos particulares para suspender ese apartado de los contratos o incluso han llegado a sustituir el tipo de cálculo pasando de un tipo variable a fijo. Pero aún quedaban miles de afectados que no le han suprimido la clausula o que se lo han hecho y no le han devuelto importe alguno de lo que le han cobrado de más, hay que recordar que los acuerdos que han realizado algunas entidades con sus clientes haciéndoles renunciar a las acciones judiciales pueden ser declaradas nulas por la misma razón, por abusivas ya que no se pueden seguir pisoteando el derecho de los consumidores. Por todo ello podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esta sentencia no pone punto final a este asunto sino todo lo contrario, se pueden reactivar las demandas contra las entidades bancarias si estas no son capaces de conformar a sus clientes.

A colación de esta última afirmación, ya nos estamos encontrando con afirmaciones de algunas entidades bancarias que no están por la labor y afirman que aún están estudiando la decisión judicial y otras que la decisión no les afecta y que no están dispuestas a llegar a una devolución generalizada.

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El trabajador es el responsable del pago de la retención incorrecta por la empresa del IRPF

El trabajador es el responsable del pago de la retención incorrecta por la empresa del IRPF según una reciente sentencia del Tribunal Supremo

Nos encontramos ante un supuesto en que la empresa no realizo correctamente la retención del IRPF, pero por ser el trabajador sujeto pasivo de la deuda tributaria, es de su cargo y no del empresario, el abono de la diferencia entre lo que se le retuvo y lo que realmente se le debía retener es responsabilidad del trabajador que luego puede reclamar a la empresa pero ese ya es otro tema. Esto es totalmente novedoso e invierte la tendencia hasta la fecha consolidada de que eran las empresas responsables de efectuar correctamente los cálculos y asumir los costes de sus errores.

En el presente caso, el trabajador fue despedido de manera improcedente, reconocido y pactado judicialmente por ambas partes, acordando una indemnización mediante el pago por el pacto de no competencia, sin embargo, la empresa no cumplió con la obligación que deriva del artículo 99.2 Ley del IRPF,  es decir, no llego a realizar correctamente la retención e ingreso a cuenta del correspondiente importe, ingresándose en la Agencia Tributaria. Así pues, se ingresó en Hacienda una cantidad inferior a la que correspondía en atención a la cantidad bruta percibida por el trabajador, al entender indebidamente que se trataba de una renta irregular. Por ello, debe ingresarse la diferencia entre lo que se le tuvo que retener y lo que efectivamente se le retuvo.

La STS 3077/2015 – ECLI:ES:TS:2015:3077 Id Cendoj:28079140012015100370 Órgano:Tribunal Supremo. Sala de lo Social Nº de Recurso: 1504/2014, concluye que siendo el trabajador, el sujeto pasivo de la deuda tributaria derivada del percibo de una indemnización, es de su cargo y no del empresario, el abono de la diferencia entre lo que se le retuvo y, efectivamente, se le debía retener e ingresar a cuenta. No obstante, insistimos en que al ser obligación del empresario la obligación de retener y efectuar el ingreso a cuenta, el incumplimiento de dicha obligación debe redundar en su perjuicio, sin que pueda eximírsele de dicha responsabilidad, pudiendo el trabajador repercutirle los perjuicios sufridos con ocasión del defectuoso cumplimiento empresarial.

La Inspección de Hacienda consideró que no procedía dicha reducción al no ser una renta irregular, por lo que procedía regularizar la situación y le exigió 21.832,92 euros de cuota, 4.011,8 euros de intereses de demora y una sanción de 10.916,46 euros. El trabajador reclamó la cantidad a la empresa por haber incumplido la obligación de retener lo reglamentario.

Hasta ahora, siempre que se había efectuado una mala retención del IRPF a un trabajador, la culpa recaía íntegramente sobre la empresa, ya que la ley dice que es obligación del empresario retener y efectuar el ingreso a cuenta. Pero una sentencia ha establecido que la responsabilidad recae sobre el trabajador. Como trabajador puedes evitar muchos problemas entregando el modelo 145 en que se declara la situación familiar del trabajador bajo juramento, con ello la empresa ha de realizar la retención que nos corresponda, de igual modo, es la responsabilidad del trabajador volver a hacer una nueva presentación del documento así que cambie nuestra situación personal y en este caso toda vez que el obligado tributario dejó de ingresar la cantidad de 21.832,92 Euros, ya que, en su declaración de IRPF 2006, se aplicó una reducción del 40% por rentas irregulares, que no procede aplicar. Se apreció el concurso de dolo o culpa del obligado voluntario, sin concurrencia de causas de exclusión de responsabilidad.

En concreto el Fundamento de Derecho OCTAVO de la sentencia dice textualmente:

El trabajador es el responsable del pago de la retención incorrecta por la empresa del IRPF según una reciente sentencia del Tribunal Supremo“Por Acuerdo de 3 de Diciembre de 2.010, del Inspector Regional Adjunto, se razonó (Documento 10 del actor, a Folios 100 a 110): En el presente supuesto la conducta del obligado tributario es manifiestamente antijurídica al suponer una transgresión de las normas que imponen la obligación de presentar correctamente cuantas declaraciones y comunicaciones se exigen para cada tributo. Se establece la obligación de los contribuyentes de presentar y suscribir declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan. “Los contribuyentes que estén obligados a declarar por este impuesto, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministerio de Hacienda.”. El obligado tributario presentó la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de manera incorrecta, al aplicar una reducción del 40% al importe íntegro de los rendimientos de trabajo que percibe por el pacto de no concurrencia sin cumplir los requisitos exigidos en la Ley para su aplicación: Se exige para la aplicación de esta reducción que se trate de rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, o bien, que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. En el presente caso, el importe que el obligado tributario recibe en concepto de pacto de no concurrencia, ni se trata de una renta calificada reglamentariamente de irregular, al no corresponderse con ninguno de Los rendimientos recogidos en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni tiene un período de generación superior a dos años, ya que el periodo tomado en consideración para su generación es exactamente dos años.

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Que podemos hacer ante el impago de una indemnización por despido

Que podemos hacer ante el impago de una indemnización por despido

 

Después de tener una sentencia, o peor aún, de haber pactado el derecho a tener una indemnización por despido, esta no la cobramos porque la empresa que debía pagarnos incumple y es declarada insolvente por el juzgado social correspondiente. Ante ello, ¿Que podemos hacer, o mejor dicho, que debemos hacer?.

 

Lo primero que debemos hacer es obtener del juzgado un auto o Decreto, esto es, una resolución

Qué hacer ante el impago de una indemnización por despido con Aran Consulting, Bufete de Abogados profesionales con experiencia en todas las especialidades en Sabadell, Barcelona (aranconsulting.cat)
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firme dictada por el Juzgado, por la que se declare la insolvencia empresarial. Para obtener esta resolución judicial donde se declare la insolvencia de la empresa, debemos solicitar primero al Juzgado la práctica de diligencias de averiguación patrimonial mediante las cuales el Juzgado investigará el patrimonio de la empresa en búsqueda de bienes susceptibles de ser embargados para pagar la indemnización del trabajador, en principio estamos hablando de cuentas bancarias, inmuebles, vehículos, etc…

Si tras la práctica de dichas diligencias de averiguación patrimonial solicitadas por nuestra parte, el Juzgado finalmente descubre que la empresa carece de bien, en ese caso se verá obligado a dictará un Auto reconociendo la insolvencia de la empresa.

Una vez obtenida la insolvencia de la empresa, el trabajador, para poder cobrar la indemnización por despido deberá dirigirse, antes del plazo de un año desde ese momento al Fondo de de Garantía Salarial (FOGASA), ya que este organismo será el encargo de abonar parte de las indemnizaciones por despido en caso de que la empresa obligada al pago sea declarada insolvente, basta con llevar cumplimentado el impreso correspondiente junto a la copia del DNI y libreta bancaria del trabajador a la vez que un testimonio de todo el proceso judicial desde el inicio hasta la insolvencia.

Una vez abonadas las indemnizaciones a que viene obligado, el FOGASA, podrá reclamar la cantidad que le ha pagado al trabajador, a la empresa, “subrogándose” en el correspondiente juzgado de los los derechos que tenía el trabajador y hasta el límite de la cuantía pagada.

Es importante resaltar que existen una serie de límites máximos que actualizan cada año en el FOGASA i que se encuentran especificados en la pagino web del organismo, www.empleo.gob.es/fogasa , limites que afectan tanto del importe día, como del máximo importe fijado actualmente en 18.282,85 euros, también es importante tener en cuenta que para calcular la indemnización a la que viene obligado en caso de insolvencia de la empresa, esta es de solo 30 días de salario por año de servicio, sin que pueda reclamarse, por tanto los 33 (a partir 12.02.12), ni los 45 (si la antigüedad era anterior) tal y como se regula en el Estatuto de los Trabajadores respecto de las deudas de la empresa.

Es importante tener muy en cuenta, que el se excluyen del ámbito de protección del FOGASA las indemnizaciones por insolvencia de la empresa que hayan sido reconocidas en conciliación administrativa, salvo las derivadas de expedientes de regulación de empleo, en cuanto que lo acordado en la misma solo tiene fuerza ejecutiva entre las partes firmantes, pero no contra el FOGASA, por ello es muy importante siempre asesorarse bien e ir acompañado desde el momento del despido de un abogado experto como los que puedes encontrar en www.aranconsulting.cat

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Renunciar a la paternidad de un hijo no biológico

El Tribunal Supremo valida que se pueda renunciar a la paternidad de un hijo no biológico en el plazo de un año para parejas casadas y de cuatro años para parejas no casadas.

El Supremo ha fijado doctrina en el sentido de reconocer el derecho a renunciar a la paternidad asumida de un hijo o hija no biológico en el plazo de un año si la pareja se disuelve. Para el alto tribunal, la verdad biológica está por encima de las estipulaciones civiles, por lo que cabe impugnar la filiación, eso sí, hay que ir con cuidado con los plazos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS en pleno ha resuelto así el caso de un hombre que tras casarse decidió reconocer como suya a la hija de su esposa “con pleno conocimiento de que la menor no es su hija biológica” y “con el expreso consentimiento de la madre”, y que, al disolverse el matrimonio un año después, reclamó que se revocara la paternidad.father-son

Después de que la Audiencia Provincial de Málaga le denegara la petición al padre, el hombre recurrió ante el Supremo alegando que su reconocimiento de complacencia de la paternidad de la menor fue nulo de pleno derecho, puesto que no se correspondió con la verdad biológica, dado que él no era su verdadero padre, pretensión que contó con el apoyo de la Fiscalía.

En el caso concreto al que se refiere la resolución la menor tenía seis años en 2009, cuando su madre se casó en Málaga con un hombre que la reconoció como hija suya, aproximadamente un año después cesó la convivencia conyugal y en 2012 el hombre impugnó el reconocimiento de filiación, hecho que la madre atribuyó al interés de su expareja por no seguir pagando la pensión a la menor.

En su resolución, el alto tribunal fija doctrina sobre la posibilidad de impugnación de la filiación, si bien no da la razón al recurrente porque, pese a tener derecho para rechazar la paternidad no la ejerció dentro del plazo que establece el Código Civil de un año, y es que “tratándose de filiación matrimonial, el padre puede impugnar la paternidad en el plazo de un año desde que conoce el nacimiento o desde que es conocedor del error que le llevó a reconocer al menor como hijo”, explica la sentencia.

En este caso, por tanto, “no puede impugnar la paternidad de ninguna manera, y mucho menos cuando en el primer hecho de su demanda reconoce que cuando reconoció a la menor como hija sabía que no era su padre biológico”, pese a ello el ejercicio de la acción está sujeta al plazo de un año por tratarse de una filiación matrimonial, un plazo que se extiende hasta los cuatro años en el caso de las filiaciones en parejas no casadas.

En su sentencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo añade que no le parece justa una visión general de los reconocedores de paternidad como “personas frívolas o inconstantes cuyos caprichosos cambios de opinión no pueda el derecho tolerar” o a las que deba privárseles de toda posibilidad de reconstruir su vida afectiva y familiar”.

Por eso, los magistrados finalmente decidieron adoptar esta solución moderada que “conjuga adecuadamente los intereses en juego” y que “aún siendo reconocedores de complacencia, puedan tener esa posibilidad abierta durante los breves plazos de caducidad establecidos con carácter general en los artículos 136 y 140.2 del Código Civil.”

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