Mes: noviembre 2016

El trabajador es el responsable del pago de la retención incorrecta por la empresa del IRPF

El trabajador es el responsable del pago de la retención incorrecta por la empresa del IRPF según una reciente sentencia del Tribunal Supremo

Nos encontramos ante un supuesto en que la empresa no realizo correctamente la retención del IRPF, pero por ser el trabajador sujeto pasivo de la deuda tributaria, es de su cargo y no del empresario, el abono de la diferencia entre lo que se le retuvo y lo que realmente se le debía retener es responsabilidad del trabajador que luego puede reclamar a la empresa pero ese ya es otro tema. Esto es totalmente novedoso e invierte la tendencia hasta la fecha consolidada de que eran las empresas responsables de efectuar correctamente los cálculos y asumir los costes de sus errores.

En el presente caso, el trabajador fue despedido de manera improcedente, reconocido y pactado judicialmente por ambas partes, acordando una indemnización mediante el pago por el pacto de no competencia, sin embargo, la empresa no cumplió con la obligación que deriva del artículo 99.2 Ley del IRPF,  es decir, no llego a realizar correctamente la retención e ingreso a cuenta del correspondiente importe, ingresándose en la Agencia Tributaria. Así pues, se ingresó en Hacienda una cantidad inferior a la que correspondía en atención a la cantidad bruta percibida por el trabajador, al entender indebidamente que se trataba de una renta irregular. Por ello, debe ingresarse la diferencia entre lo que se le tuvo que retener y lo que efectivamente se le retuvo.

La STS 3077/2015 – ECLI:ES:TS:2015:3077 Id Cendoj:28079140012015100370 Órgano:Tribunal Supremo. Sala de lo Social Nº de Recurso: 1504/2014, concluye que siendo el trabajador, el sujeto pasivo de la deuda tributaria derivada del percibo de una indemnización, es de su cargo y no del empresario, el abono de la diferencia entre lo que se le retuvo y, efectivamente, se le debía retener e ingresar a cuenta. No obstante, insistimos en que al ser obligación del empresario la obligación de retener y efectuar el ingreso a cuenta, el incumplimiento de dicha obligación debe redundar en su perjuicio, sin que pueda eximírsele de dicha responsabilidad, pudiendo el trabajador repercutirle los perjuicios sufridos con ocasión del defectuoso cumplimiento empresarial.

La Inspección de Hacienda consideró que no procedía dicha reducción al no ser una renta irregular, por lo que procedía regularizar la situación y le exigió 21.832,92 euros de cuota, 4.011,8 euros de intereses de demora y una sanción de 10.916,46 euros. El trabajador reclamó la cantidad a la empresa por haber incumplido la obligación de retener lo reglamentario.

Hasta ahora, siempre que se había efectuado una mala retención del IRPF a un trabajador, la culpa recaía íntegramente sobre la empresa, ya que la ley dice que es obligación del empresario retener y efectuar el ingreso a cuenta. Pero una sentencia ha establecido que la responsabilidad recae sobre el trabajador. Como trabajador puedes evitar muchos problemas entregando el modelo 145 en que se declara la situación familiar del trabajador bajo juramento, con ello la empresa ha de realizar la retención que nos corresponda, de igual modo, es la responsabilidad del trabajador volver a hacer una nueva presentación del documento así que cambie nuestra situación personal y en este caso toda vez que el obligado tributario dejó de ingresar la cantidad de 21.832,92 Euros, ya que, en su declaración de IRPF 2006, se aplicó una reducción del 40% por rentas irregulares, que no procede aplicar. Se apreció el concurso de dolo o culpa del obligado voluntario, sin concurrencia de causas de exclusión de responsabilidad.

En concreto el Fundamento de Derecho OCTAVO de la sentencia dice textualmente:

El trabajador es el responsable del pago de la retención incorrecta por la empresa del IRPF según una reciente sentencia del Tribunal Supremo“Por Acuerdo de 3 de Diciembre de 2.010, del Inspector Regional Adjunto, se razonó (Documento 10 del actor, a Folios 100 a 110): En el presente supuesto la conducta del obligado tributario es manifiestamente antijurídica al suponer una transgresión de las normas que imponen la obligación de presentar correctamente cuantas declaraciones y comunicaciones se exigen para cada tributo. Se establece la obligación de los contribuyentes de presentar y suscribir declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan. “Los contribuyentes que estén obligados a declarar por este impuesto, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministerio de Hacienda.”. El obligado tributario presentó la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de manera incorrecta, al aplicar una reducción del 40% al importe íntegro de los rendimientos de trabajo que percibe por el pacto de no concurrencia sin cumplir los requisitos exigidos en la Ley para su aplicación: Se exige para la aplicación de esta reducción que se trate de rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, o bien, que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. En el presente caso, el importe que el obligado tributario recibe en concepto de pacto de no concurrencia, ni se trata de una renta calificada reglamentariamente de irregular, al no corresponderse con ninguno de Los rendimientos recogidos en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni tiene un período de generación superior a dos años, ya que el periodo tomado en consideración para su generación es exactamente dos años.

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Que podemos hacer ante el impago de una indemnización por despido

Que podemos hacer ante el impago de una indemnización por despido

 

Después de tener una sentencia, o peor aún, de haber pactado el derecho a tener una indemnización por despido, esta no la cobramos porque la empresa que debía pagarnos incumple y es declarada insolvente por el juzgado social correspondiente. Ante ello, ¿Que podemos hacer, o mejor dicho, que debemos hacer?.

 

Lo primero que debemos hacer es obtener del juzgado un auto o Decreto, esto es, una resolución

Qué hacer ante el impago de una indemnización por despido con Aran Consulting, Bufete de Abogados profesionales con experiencia en todas las especialidades en Sabadell, Barcelona (aranconsulting.cat)
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firme dictada por el Juzgado, por la que se declare la insolvencia empresarial. Para obtener esta resolución judicial donde se declare la insolvencia de la empresa, debemos solicitar primero al Juzgado la práctica de diligencias de averiguación patrimonial mediante las cuales el Juzgado investigará el patrimonio de la empresa en búsqueda de bienes susceptibles de ser embargados para pagar la indemnización del trabajador, en principio estamos hablando de cuentas bancarias, inmuebles, vehículos, etc…

Si tras la práctica de dichas diligencias de averiguación patrimonial solicitadas por nuestra parte, el Juzgado finalmente descubre que la empresa carece de bien, en ese caso se verá obligado a dictará un Auto reconociendo la insolvencia de la empresa.

Una vez obtenida la insolvencia de la empresa, el trabajador, para poder cobrar la indemnización por despido deberá dirigirse, antes del plazo de un año desde ese momento al Fondo de de Garantía Salarial (FOGASA), ya que este organismo será el encargo de abonar parte de las indemnizaciones por despido en caso de que la empresa obligada al pago sea declarada insolvente, basta con llevar cumplimentado el impreso correspondiente junto a la copia del DNI y libreta bancaria del trabajador a la vez que un testimonio de todo el proceso judicial desde el inicio hasta la insolvencia.

Una vez abonadas las indemnizaciones a que viene obligado, el FOGASA, podrá reclamar la cantidad que le ha pagado al trabajador, a la empresa, “subrogándose” en el correspondiente juzgado de los los derechos que tenía el trabajador y hasta el límite de la cuantía pagada.

Es importante resaltar que existen una serie de límites máximos que actualizan cada año en el FOGASA i que se encuentran especificados en la pagino web del organismo, www.empleo.gob.es/fogasa , limites que afectan tanto del importe día, como del máximo importe fijado actualmente en 18.282,85 euros, también es importante tener en cuenta que para calcular la indemnización a la que viene obligado en caso de insolvencia de la empresa, esta es de solo 30 días de salario por año de servicio, sin que pueda reclamarse, por tanto los 33 (a partir 12.02.12), ni los 45 (si la antigüedad era anterior) tal y como se regula en el Estatuto de los Trabajadores respecto de las deudas de la empresa.

Es importante tener muy en cuenta, que el se excluyen del ámbito de protección del FOGASA las indemnizaciones por insolvencia de la empresa que hayan sido reconocidas en conciliación administrativa, salvo las derivadas de expedientes de regulación de empleo, en cuanto que lo acordado en la misma solo tiene fuerza ejecutiva entre las partes firmantes, pero no contra el FOGASA, por ello es muy importante siempre asesorarse bien e ir acompañado desde el momento del despido de un abogado experto como los que puedes encontrar en www.aranconsulting.cat

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Renunciar a la paternidad de un hijo no biológico

El Tribunal Supremo valida que se pueda renunciar a la paternidad de un hijo no biológico en el plazo de un año para parejas casadas y de cuatro años para parejas no casadas.

El Supremo ha fijado doctrina en el sentido de reconocer el derecho a renunciar a la paternidad asumida de un hijo o hija no biológico en el plazo de un año si la pareja se disuelve. Para el alto tribunal, la verdad biológica está por encima de las estipulaciones civiles, por lo que cabe impugnar la filiación, eso sí, hay que ir con cuidado con los plazos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS en pleno ha resuelto así el caso de un hombre que tras casarse decidió reconocer como suya a la hija de su esposa “con pleno conocimiento de que la menor no es su hija biológica” y “con el expreso consentimiento de la madre”, y que, al disolverse el matrimonio un año después, reclamó que se revocara la paternidad.father-son

Después de que la Audiencia Provincial de Málaga le denegara la petición al padre, el hombre recurrió ante el Supremo alegando que su reconocimiento de complacencia de la paternidad de la menor fue nulo de pleno derecho, puesto que no se correspondió con la verdad biológica, dado que él no era su verdadero padre, pretensión que contó con el apoyo de la Fiscalía.

En el caso concreto al que se refiere la resolución la menor tenía seis años en 2009, cuando su madre se casó en Málaga con un hombre que la reconoció como hija suya, aproximadamente un año después cesó la convivencia conyugal y en 2012 el hombre impugnó el reconocimiento de filiación, hecho que la madre atribuyó al interés de su expareja por no seguir pagando la pensión a la menor.

En su resolución, el alto tribunal fija doctrina sobre la posibilidad de impugnación de la filiación, si bien no da la razón al recurrente porque, pese a tener derecho para rechazar la paternidad no la ejerció dentro del plazo que establece el Código Civil de un año, y es que “tratándose de filiación matrimonial, el padre puede impugnar la paternidad en el plazo de un año desde que conoce el nacimiento o desde que es conocedor del error que le llevó a reconocer al menor como hijo”, explica la sentencia.

En este caso, por tanto, “no puede impugnar la paternidad de ninguna manera, y mucho menos cuando en el primer hecho de su demanda reconoce que cuando reconoció a la menor como hija sabía que no era su padre biológico”, pese a ello el ejercicio de la acción está sujeta al plazo de un año por tratarse de una filiación matrimonial, un plazo que se extiende hasta los cuatro años en el caso de las filiaciones en parejas no casadas.

En su sentencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo añade que no le parece justa una visión general de los reconocedores de paternidad como “personas frívolas o inconstantes cuyos caprichosos cambios de opinión no pueda el derecho tolerar” o a las que deba privárseles de toda posibilidad de reconstruir su vida afectiva y familiar”.

Por eso, los magistrados finalmente decidieron adoptar esta solución moderada que “conjuga adecuadamente los intereses en juego” y que “aún siendo reconocedores de complacencia, puedan tener esa posibilidad abierta durante los breves plazos de caducidad establecidos con carácter general en los artículos 136 y 140.2 del Código Civil.”

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