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EN QUE CONSISTE LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD (2ªparte)

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¿En qué consiste La Segunda Oportunidad? -2ª parte-

Recordemos que son cinco los requisitos a seguir para poder solicitar la Ley de la Segunda Oportunidad:

• Haber intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores.
• No haber sido declarado culpable. Dicho de otro modo, que el juez no considere que su insolvencia haya sido provocada de manera deliberada por el propio emprendedor, lo que en los concursos de acreedores tradicionales se denomina administración desleal.
• No haberse acogido a la Ley de Segunda Oportunidad en los diez años anteriores a la petición del concurso.
• No haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico por de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.
• No haber rechazado una oferta de empleo adecuada a su capacidad en los cuatro años anteriores a la petición del concurso.

Si se cumplen estos cinco requisitos, el deudor podrá pedir la exoneración del pasivo insatisfecho. Exoneración que será definitiva y alcanzará la totalidad de los créditos no satisfechos.
Frente a esta exoneración total o definitiva, nos encontramos con una vía alternativa, una exoneración parcial o provisional, predicable en algunos supuestos en que, a la vez se da una doble particularidad importante. A saber:
 La exoneración no alcanzará a los créditos de Derecho público (Hacienda y Seguridad Social) y por alimentos -algo que sí sucede en la primera vía-.
 Podrá revocarse el beneficio de la exoneración en tres supuestos, además de por la causa general de haber ocultado bienes: (1) si durante el plazo del plan de pagos perdiera la condición de deudor de buena fe; (2) incumpliese el plan de pagos; (3) mejorase sustancialmente su situación económica por causa hereditaria o de donación, o fruto de juegos de azar.
Nos encontramos, por ende, ante dos medios diferentes para llegar al mismo destino de la exoneración del pasivo insatisfecho, tal y como se indica la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, Sección 5ª, Sentencia 260/2016, de 21 de septiembre de 2016, rec. 340/2016, que dice así:

«Como corolario de lo anterior procede señalar que la norma establece dos sistemas de exoneración. La exoneración definitiva si el deudor de buena fe cumple los requisitos del artículo 178 bis 4º de la LC. Y la exoneración provisional si no los cumple, pero se somete a un plan de pagos.

Para los que cumplen el primer sistema, está prevista la exoneración todo el pasivo (también el público) y de forma definitiva. Aunque es cierto que puede revocarse si durante los cinco años siguientes consta la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados (ex art 176 bis 7 Ley Concursal).

Este sistema, está pensado para los que tienen mayor capacidad de pago porque han podido pagar parte o todo de los créditos que se mencionan en el punto 4º».

Si quieres saber más sobre este o cualquier otro asunto no dejes de consultarnos:
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Contácto telefónico: 93 727 76 37 y 671670909

EN QUE CONSISTE LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD 1

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¿En qué consiste la segunda oportunidad? -1ª parte-

Este procedimiento ha de permitir al deudor persona física (ex empresario o consumidor) que se encuentra en situación deudora y que cumple determinados requisitos, verse liberado de las deudas que aún arrastra, después de haberse liquidado su patrimonio. Supone, por tanto, una excepción al principio general de la responsabilidad patrimonial universal que proclama el artículo 1911 del Código Civil, según el cual “toda persona debe responder de las obligaciones asumidas con la totalidad de su patrimonio presente y futuro”.

Todo ello, y anteriormente a la actual “Ley de la Segunda Oportunidad” nos trasladaba al concurso de acreedores; y ello se traducía en el hecho de que si el deudor no alcanzaba un convenio con sus acreedores -y hay que recordar que éstos desde luego no tenían ningún aliciente para ello-, se procedía a la liquidación (ruinosa en muchos casos) de todo su patrimonio, pagándose las deudas hasta donde alcanzase y lo más grave es que persistían el resto de las deudas a perpetuidad. En definitiva una solución muy insatisfactoria para el deudor. Ahora el concurso confiere una posibilidad real de comenzar de nuevo.

Esta posibilidad se introdujo en nuestro ordenamiento a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que trajo el antiguo artículo 178.2 LC. Posteriormente se desarrolló esta iniciativa de modo más concreto a partir de la promulgación del Real Decreto-Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Actualmente encontramos regulado el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en el artículo 178 bis de la Ley Concursal. Un único precepto, con vocación de exhaustividad, que sin embargo está siendo objeto de distintas controversias. Y del que cabe formularse las siguientes preguntas: ¿Qué requisitos ha de cumplir el deudor que pretende acogerse a esta medida? En principio podemos decir que formalmente solo se precisa uno: ser deudor de buena fe.
Aunque en la práctica se requiere alguno más que podemos resumir en los cinco siguientes requisitos:
• Justificar el haber intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores.
• No haber sido declarado culpable judicialmente porque su insolvencia haya sido provocada de manera deliberada por el propio emprendedor, lo que en los concursos de acreedores tradicionales se denomina administración desleal.
• No haberse acogido a la Ley de Segunda Oportunidad en los diez años anteriores a la petición del concurso.
• No haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico por de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.
• No haber rechazado una oferta de empleo adecuada a su capacidad en los cuatro años anteriores a la petición del concurso.

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COMO SE PUEDE CONSEGUIR LA RESIDENCIA TEMPORAL POR ARRAIGO SOCIAL ???

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COMO SE PUEDE CONSEGUIR LA RESIDENCIA TEMPORAL POR ARRAIGO SOCIAL.

El arraigo social es un permiso de residencia al que podrán optar aquellas personas extranjeras en España (por régimen general no comunitario) que reúnan una serie de circunstancias, entre ellas la de tener vínculos familiares en España, así como acreditar estar integrados socialmente en la comunidad. También existe el arraigo por circunstancias laborales y familiares.
La autorización concedida tendrá una vigencia de UN AÑO y a su término se podrá solicitar autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo.

Los requisitos que han de cumplir estos extranjeros para poder solicitar la autorización por arraigo social serán los siguientes:
No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio bilateral en tal sentido.
No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión.
Deberá carecer de antecedentes penales computables y no cancelados en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.
No podrá solicitarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.

Además de los anteriores requisitos, debe haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de 3 años. Para que este requisito se cumpla, las ausencias de España durante este período no pueden superar los 120 días.

También debe tener vínculos familiares (cónyuge o pareja de hecho registrada, ascendientes o descendientes en primer grado y línea directa) con otros extranjeros residentes o con españoles, o bien, presentar un informe que acredite su integración social emitido por la Comunidad Autónoma (o el Ayuntamiento si la Comunidad Autónoma lo ha autorizado), en cuyo territorio tenga su domicilio habitual el extranjero por el que se certifique que ha realizado cursos de lengua catalana, etc…; así como cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.

Otro requisito importante es acreditar que se cuentan con suficientes medios de vida y que podrá ser en cualquiera de las siguientes formas:
Lo más normal y en la mayoría de casos es contar con un pre-contrato de trabajo firmado por el trabajador y empleador, para un periodo no inferior a 1 año. El empleador debe encontrase inscrito en la Seguridad Social, así como hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. También se admite la presentación de varios contratos en una misma ocupación, trabajando simultáneamente para más de un empleador, todos de duración mínima de 1 año y cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a 30 horas en cómputo global.
No será necesario el pre contrato en el supuesto de que se acredite de forma fehaciente que se cuenta con medios económicos suficientes.

Y recordar que siempre es importante el Informe de integración social de la Generalitat o Ajuntament que así lo avale si se va a realizar una actividad por cuenta propia que genere suficientes medios económicos.
Bien, una vez reunidos los anteriores requisitos, el procedimiento para obtener el permiso de residencia por arraigo social es el siguiente:
En primer lugar el extranjero personalmente, o su representante legal en el supuesto de ser menor o incapaz deberán presentar la solicitud en la Oficina de Extranjería de la provincia en la que el extranjero tenga fijado el domicilio. Así como el correspondiente pago de la tasa establecida.

La administración tiene un plazo de 3 meses para dar respuesta a la solicitud desde la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Pueden ocurrir dos situaciones aquí:
Si finalmente se concede la autorización, llevará aparejada una autorización de trabajo por cuenta ajena o propia en España durante la vigencia de aquélla, si los medios de vida acreditados derivan de una actividad por cuenta ajena o propia.

Y en el plazo de un mes desde la notificación de la concesión, deberá realizarse, en su caso, la afiliación y/o alta de la Seguridad Social por la misma empresa que figura en el contrato que obra en el expediente. Cumplida la condición, la autorización comenzará su período de vigencia.

Por otro lado, en el caso de que los medios económicos no deriven de actividad por cuenta ajena o propia, la vigencia de la autorización comenzará desde la notificación de la concesión de la autorización.

Si la Administración no ha practicado notificación alguna en este plazo, se podrá entender que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo. Igualmente se entenderá desestimada por expreso aviso de tal circunstancia.

Por último, una vez concedida la autorización, en el plazo de un mes desde la notificación, el extranjero deberá solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, en la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía de la provincia donde se haya tramitado la autorización. Nuestro despacho puede ayudarte en todos estos trámites y nos puedes encontrar en www.aranconsulting.cat

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¿ Quien debe pagar la multa de un coche de empresa ?

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Cada vez es más común que las empresas pongan a disposición de los trabajadores coches de empresa, ello además de vincular con más fuerza a los trabajadores obliga a las empresas a tener que responsabilizarse al pago de las sanciones por infracciones de tráfico si el empleado niega haber estado al volante del vehículo corporativo en el momento del incidente.

Otra cosa es la responsabilidad de que el vehículo se mantenga en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas para evitar los riesgos que conlleva su utilización, dicha responsabilidad será del titular del vehículo, es decir la empresa y esta ha de procurar llevar un esmerado control de los reconocimientos e inspecciones que correspondan e incluso si es preciso, impidiendo que sea conducido por alguien si, el citado vehículo, no cumple con todos los requisitos necesarios.

En este sentido se manifiesta el artículo 82.f), del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, al señalar que “el titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a su estado de conversación, la documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos (ITV) y a su estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo”.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la responsabilidad de mantener el vehículo en perfecto estado es del propietario, no servirá de nada facilitar los datos del conductor, ni tampoco se podrá trasladar la responsabilidad por esos hechos, salvo otro criterio entre las partes, podemos afirmar que será la empresa quien será denunciado y sancionado por ello. Pero que ocurre si un trabajador comete una infracción de tráfico con un vehículo de empresa y cuando es identificado por la compañía previo requerimiento de Tráfico, este trabajador niega haber sido él, así ha sucedido en una sentencia del Tribunal Constitucional en el que la compañía acaba siendo sancionada por incumplir el deber de identificación del conductor.

Consta en el relato de los hechos que la empresa al recibir la denuncia de la Jefatura de Tráfico, identificó dentro del plazo establecido al trabajador que conducía el vehículo en el momento de la infracción. Sin embargo, cuando llegó la sanción a este trabajador, este negó que fuera el quien conducía. Ello condujo a que desde el Ministerio del Interior (Tráfico) se iniciara un expediente sancionador contra la empresa por una infracción calificada como “muy grave”, consistente en no haber identificado verazmente al conductor del vehículo denunciado, lo que le supuso una multa de 1.200 euros.

Al conocer esta sanción, la empresa aportó pruebas que demostraban que era el empleado en cuestión quien conducía, llegando a incluir un escrito firmado por el propio conductor en el que reconocía los hechos. De nada sirvió, pues las resoluciones administrativas posteriores y una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo confirmaron la sanción a la empresa. El Tribunal Constitucional acabo declarando que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia de la compañía, y que el deber legal de colaborar a la hora de identificar al conductor no puede extenderse al extremo de convertir al propietario de un vehículo en perseguidor del “infractor” con una obligación de resultado.

La actuación más habitual en estos casos es que la empresa acabe haciendo frente al pago inicial de la sanción y en la mayoría de los casos la repercuta en sucesivos descuentos en la nómina del trabajador, admitiéndolo este por no tener problemas con la empresa y ante el temor de la pérdida de su puesto de trabajo en caso contrario.

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